EL GUARDIÁN EN LA CLOACA
El Estado se ha de organizar necesariamente en torno a la legalidad, no en vano es esa la hebra de justicia que lo ha de ir tejiendo en la ardua tarea de hacerlo legítimo y desde esa condición capaz de dar una respuesta sana y eficaz a los desafíos a que se ha de enfrentar en la gobernanza de hombres y pueblos. Cuando así lo hace se le denomina Estado de Derecho, y es y así se le reconoce como aquel que con mayor exactitud se aproxima al proyecto ideal dentro de los distintos modelos de organización social que hemos sido capaces de imaginar y poner en práctica. De ahí que la rigurosa observancia de la ley deba ser la más sagrada de sus normas y el más esencial de sus cuidados.
El Estado es un espacio de responsabilidad colectivo en el que confluye un caudal de voluntades dispares en su singularidad, pero coincidentes en la necesidad de arbitrar normas conjuntas de participación capaces de asegurarnos una coexistencia pacífica. No es ni ha de ser, por tanto, una estructura opaca sino transparente, tampoco cerrada sino abierta. Y es que nada ha de esconder en la medida en que todo cuanto lo conforma y cuando de él emana nace de esa disposición plural a la que antes aludía y es o debiera ser por ello de todos conocida.
Sé que tal afirmación revela la silueta de un estado ideal que no se parece en nada al que finalmente rige nuestras vidas. Un Estado que pese a ser calificado de derecho, se aparta con excesiva frecuencia de los postulados de éste para deslizarse en la ilegalidad quebrando sus propias reglas so pretexto de proteger a los miembros de la comunidad a que sirve.
La perversa prevención a que hago alusión se ha ido constituyendo en una parte legal de éste, es decir, que la ilegalidad se ha convertido en una legalidad más contraviniendo de ese modo lo más sagrado de su espíritu, al romper la ligazón jurídica que lo legitima hasta el extremo de habilitarlo en el uso legal de la fuerza.
A la sombra del caso Faisán, supuesto delación de agentes de la policía a miembros del aparato de extorsión de ETA, volvemos a toparnos con las mal llamadas cloacas del Estado, esas zonas de sombra en las que la transgresión de la ley se han tornado en ley a fin de dar respuesta a una necesidad que algunos tildan de legítima pero que no lo es, porque no hay posibilidad de que lo sea ninguna decisión que no haya sido tomada por la vías democráticas dispuestas para ello y menos aún cuando tales actuaciones desbordan principios y derechos que están y han de estar por encima de la voluntad, la apetencia u oportunidad de quienes tienen esa responsabilidad, sean éstos cargos electos, funcionarios o ciudadanos.
No cabe pues hablar, con la perversa intención de justificar esa actuación, del contexto de negociación con la banda criminal en el que se produjo, ni tampoco frivolizar en torno al hermoso gallináceo ni ninguna otra ave ya sea rapaz o carroñera, canora o prensora, pese a que a todas recuerda este tremendo dislate que iguala a policías y delincuentes. Y lo que es aún más grave, que rompe la armonía legal del Estado concediéndole ese mismo estatus a quienes no son sino un grupo de criminales.
Si se ha de negociar con ETA ha de hacerse desde el respeto a la ley, disposición en la que no caben atajos ni enjuagues, tampoco oscuros manejos, porque esa misma ley que con ellos se vulnera se sigue aplicando en el mismo espacio y tiempo a otros ciudadanos con todo el rigor que dispone el ordenamiento jurídico.
Los gobiernos, a través de las instituciones parlamentarias, son lo que han de ir arbitrando los cauces legales mediante los cuales se han resolver aquellos conflictos que se vayan produciendo, pero siempre desde la más absoluta de las transparencias, de modo que nos permita a todos visualizarnos en ese ámbito de responsabilidad. El nefasto paternalismo de gestores e instituciones no obedecen sino a una perversión intolerable mediante la cual los ciudadanos damos por buenas prácticas mafiosas por parte de tan alta institución.
En materias de tan vital importancia se hace necesario conocer y participar para que nuestra condición de ciudadanos plenos en derechos y obligaciones no se vea mermada ni despreciada, de tal suerte que terminemos siendo rehenes de nuestra propia salvaguardia. La tentación, no obstante, es la de dejarse ir para desde esa indolente disposición sentirnos al margen de aquello que nos concierne nos guste o no. Y es que nosotros no somos esos niños despreocupados que juegan en mitad de un campo circundado de peligrosos precipicios, ni el Estado el protagonista de “El Guardián entre el Centeno”, de J.D. Salinger, encargado de salvarlos. Sino que unos y otros somos vigías de una misma responsabilidad la de proteger al otro como si fuese uno mismo.
El Estado somos todos, sin embargo la ley ha de ser, al menos mientras no se cambie, una y sólo una, para que sea igual para todos y en esa igualdad legítima.
