LA IMPUNIDAD COMO NORMA

El actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el deseo del ejecutivo de legislar a fin de que se les puedan exigir responsabilidades penales a aquellos gestores que hagan un mal uso de los fondos públicos.
La propuesta, aún sin esbozar ni dar a conocer en profundidad, ha merecido un aluvión de duras críticas por parte de los partidos nacionalista y de izquierdas, a los que se les antoja excesiva y fuera de la realidad, es más, autoritaria e irrespetuosa con los nobles y sacrificados gobernantes.
No entiendo tal postura, de verdad que no, y menos viniendo de la mano de aquellos sectores progresistas y de izquierdas que no hace muchos meses apoyaban en la calle algunas de las justas reivindicaciones de los miembros del movimiento 15M. Entre ellas la de esa urgente y necesaria regulación a fin de terminar con esa sibilina cara de la corrupción, la del mal uso del dinero de todos, que no deja de ser sino la cara que oculta la otra, esa más ingenua en el descaro en la que el gobernante mete la mano directamente en la caja. Y es que no se me ocurre mejor modo para hacerlo sin culpa, a ellos tampoco, que hacerlo so pretexto de la ejecución de una obra faraónica o sin atenerse a otra necesidad que la que a ellos les apremia en aras de llevárselo sin mayor problema legal.
Entiendo que debieron salir, por tanto, no a negarla sino a exigir participar en su elaboración a fin de que no se convierta en una bufonada; tendentes a desactivar uno de los más justas reivindicaciones de los ciudadanos, como es la de terminar con la insana impunidad de que nuestros gestores. Esos qué nacidos sin culpa ni condena del vientre de la mentira electoral pasan a gobernarnos con similar indolencia en esa misma clave. No todos, lo sé, pero si los suficientes como para causar gravísimos perjuicios a la arcas públicas.
La argumentación de los opositores a esa medida se me antoja endeble, porque los abusos cometidos en la acción de gobierno en este país de gobiernos y gobernantes ha puesto al Estado al borde de la quiebra. Excesos que se hacen visibles sin necesidad de complicados análisis políticos o económicos y que como tal son conocidos por todo hijo de vecino. Por qué quién no vive en las inmediaciones de alguna edificación inútil o ilegal. Quién no conoce algún caso en el que el consejero o ministro ha ejecutado una obra contra el criterio del sentido común y del común criterio de sus vecinos. Obra que más tarde los tribunales han condenado al derribo por su manifiesta ilegalidad, en una sentencia de imposible ejecución debido al elevado coste que le supone a la administración, manteniéndose como un grito de horror para escándalo de todos y sin que el causante haya de responder lejos de esa alegre condena que los políticos llaman castigo electoral.
Por más que les guste a nuestra clase política sus abusos y corruptelas no pueden sustanciarse únicamente en las urnas, a no ser que entendamos que cuando votamos a un determinado partido no estamos eligiendo a aquellos que han de gestionar nuestros presupuestos con criterios de racionalidad, eficacia y dentro del más escrupuloso respeto del derecho, sino tejiendo la capucha del atraco, la excusa inexcusable que les faculta para hacer lo que les venga en gana.
A día de hoy la administración se ha convertido en el primero de los morosos, en el primero del los despilfarradores, en el primero de los transgresores de las normas que ellos mismos nos dan como forma de gobierno. Tal situación socava la credibilidad de cualquier régimen por más democrático que sea, porque nada tiene que ver actuar dentro de lo racional y con lealtad hacia el mandato recibido con recrearse en lo irracional y sin la menor muestra de respeto a lo que de ellos se espera.
Y si el exceso de legislación o su redacción imponen restricciones insoportables es obligación de ellos cambiarla a fin de hacerla compatible con las necesidades de los administrados. Nunca, desde luego, vulnerarla a su conveniencia, ni burlarla o defraudarla, porque ellos han de ser el ejemplo de los demás ciudadanos y en ese afán han de mostrarse ejemplares. Y qué ejemplo da esa autoridad que se pliega a la petición de un vecino aún sabiendo que es ilegal.
Sostienen muchos de los detractores de la futura norma que hay figuras suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para enjuiciar tal hechos. Y quizá lo haya, pero leves frente a la gravedad de los delitos que cometen, y lo que es aún peor se hallan extraviados en la maraña que forma la mal interpretada fuerza que le otorga al político su condición de electo y su legítimo quehacer como gestor. Porque no se le inviste de autoridad para el abuso ni el delito, sino para el legal uso de su prerrogativa. Entiendo por eso, que para el correcto enjuiciamiento de estos delitos se han de agravar las penas en los ya legislados, crear figuras nuevas para la nuevas formas de delinquir y acabar con los trasnochados privilegios jurisdiccionales de los cargos públicos, de modo que tengan que responder ante órganos judiciales ordinarios y no sólo ante esos en los que ellos median en los nombramiento de sus miembros.
Se debe pues contar con una legislación clara a la hora de delimitar y distinguir el abuso del mero error, o la ilegalidad con la inconveniencia, porque no es lo mismo y porque advertirlo tampoco exige ser catedrático en derecho.
La impunidad acaba con la confianza entre ciudadanos e instituciones. Y, lo que no es menos grave, con el estado de derecho, porque nadie puede situarse al margen de la ley sin que recaiga sobre él el merecido castigo. Exigirla, por tanto, o no hacer nada por erradicarla implica a todos cuanto lo hacen en esos sucios manejos que no hace mucho meses echaron a miles de hombres y mujeres a la calle exigiendo transparencia y responsabilidad, en una palabra, acabar con ella en la clara conciencia de que de no hacerlo terminará por contaminar, si no lo ha hecho ya, el sistema democrático y consumir nuestros escasos recursos presupuestarios.